El organismo inició un inédito despliegue nacional para revisar la transferencia de recursos, la supervisión y las condiciones de atención en 16 residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.

Cinco instituciones de educación superior registraron menos de 65% de cumplimiento en la publicación de información obligatoria. El Consejo para la Transparencia anunció investigaciones para corregir faltas persistentes y garantizar el acceso ciudadano a datos públicos.

Fiscalización del Consejo para la Transparencia detectó bajos niveles de cumplimiento en información presupuestaria y contrataciones en organismos del Estado.