Editorial / Un extraño aire de tensión: cuando el fair play político comienza a desaparecer
Hay un cierto aire extraño en el ambiente. Algunos comentarios y señales comienzan a anticipar un eventual resurgimiento de las protestas callejeras, un escenario que, de concretarse, podría marcar el término del fair play político y abrir nuevamente un período de incertidumbre para el país.
Chile conoce demasiado bien las consecuencias de una escalada de violencia. Sin embargo, el contexto actual presenta diferencias importantes respecto de octubre de 2019. Hoy gobierna el presidente José Antonio Kast, existe un marco normativo que sanciona los actos violentos y una relación de coordinación entre el Ejecutivo y las instituciones encargadas del orden y la seguridad pública. Son elementos que configuran un escenario distinto, aunque no eliminan los riesgos de una eventual crisis social.
Es de esperar que las actuales señales sean solamente chispazos y no el comienzo de un nuevo ciclo de confrontación en las calles, particularmente entre los jóvenes. Chile necesita mirar hacia adelante, recuperar la confianza y comprender que ninguna causa, por legítima que sea, puede justificar la destrucción, la violencia o el desconocimiento de las instituciones democráticas.
La provocación violenta no fortalece las demandas sociales: las desvirtúa. Cuando la fuerza reemplaza al diálogo, se debilita la institucionalidad y se abre paso a una lógica peligrosa, donde termina imponiéndose la ley del más fuerte por sobre el Estado de Derecho.
Las dificultades económicas, por complejas que sean, se enfrentan con estrategias, responsabilidad y buenas decisiones. No se resuelven mediante amenazas, desbordes ni declaraciones desafortunadas que puedan profundizar las divisiones. La conducción política exige prudencia, capacidad de diálogo y una mirada de largo plazo, especialmente en momentos de tensión.
La paz social debe estar por encima de cualquier legítima demanda económica, política o social. Esto no significa desconocer el derecho a manifestarse ni restar importancia a las inquietudes ciudadanas. Por el contrario, supone proteger esos derechos dentro de un marco democrático que permita expresar las diferencias sin poner en riesgo la convivencia ni la seguridad de las personas.
Quizás el gobierno enfrenta una de sus primeras grandes pruebas: responder a las advertencias de movilización realizadas por sectores estudiantiles y evitar que estas puedan extenderse a otros estamentos de la sociedad. El desafío será actuar con firmeza frente a la violencia, pero también con inteligencia política, apertura al diálogo y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
No se trata de apagar las demandas, sino de impedir que sean instrumentalizadas para reinstalar un clima de enfrentamiento que Chile ya conoce y cuyas consecuencias todavía forman parte de nuestra memoria reciente.
El país no necesita otra fractura. Necesita responsabilidad de sus autoridades, madurez de sus dirigentes y compromiso de quienes tienen la posibilidad de convocar a la ciudadanía.
Ojalá esta vez se cumpla el viejo dicho: que la sangre no llegue al río.
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